Argentina es el país más demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y uno de los que más Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) ha firmado (58 en total, 55 vigentes). La mayoría de esas demandas fueron presentadas por empresas transnacionales (ETN) por la crisis 2001-2002 así como se refirieron a sectores económicos relacionados con recursos naturales. El 20% de dichas demandas se vinculan con el sector de agua potable y saneamiento, lo que también convierte a la Argentina en el país más demandado en el CIADI por este sector. Son casos de alta conflictividad social y en donde se evidencia el rol del Estado como regulador frente al reclamo de protección de la propiedad privada por parte de las ETN, donde resalta una asimetría jurídica que favorece la protección de las inversiones sobre el resguardo de los derechos humanos, particularmente del derecho humano al agua reconocido por la ONU en 2010. Tomando el caso argentino como testigo, esta ponencia expondrá dicha asimetría que contraviene las bases más elementales del derecho internacional, evidenciando la necesidad de revisar el régimen internacional de protección de inversiones y su adecuación a los derechos humanos en tanto obligaciones erga omnes.